JUSTICIA POR DANIEL SOLANO

El socialismo viedmense propuso la redacción de un comunicado desde el Concejo Deliberante, acompañando el reclamo de la familia Solano y sus abogados para que el Gobierno de la provincia de Río Negro garantice el dinero que se necesita para bajar al jagüel.

Recordamos que los principales sospechosos son siete policías que están imputados en la causa de su desaparición. «Creemos que el gobernador, como mínimo, debería responsabilizarse por la situación y acompañar a la familia, garantizando el dinero necesario», expresó la concejala Mariana Arregui, quien agregó; «es vergonzoso exigirle a la familia de Daniel, luego de seis años de inacción y encubrimiento del Estado rionegrino, que tengan que resolver ellos, cómo conseguir el dinero para buscar los restos de su hijo».

Así mismo, las autoridades del Partido Socialista se ponen a disposición de la familia Solano, y exigen al gobernador Weretilneck, una respuesta inmediata para el esclarecimiento de la desaparición de Daniel.

A continuación, compartimos el comunicado emitido desde el Concejo Deliberante de Viedma:

La comisión de Desarrollo Social, presidida por la concejala Silbana Cullumilla y compuesta por Diego Santos, Mariana Arregui, Paola Casadei y Genoveva Molinari, le exige al Poder Ejecutivo rionegrino, la legislatura y el Poder Judicial de nuestra provincia que garanticen el dinero que se necesita para bajar al Jagüel en busca los restos de Daniel Solano.

Al momento de desaparecer Daniel Solano tenía 27 años. Había viajado desde Tartagal hasta Lamarque para trabajar en la temporada de cosecha. El 5 de noviembre del 2011  fue retirado de un boliche de Choele Choel por la Policía y no se lo volvió a ver.

“Como representantes de la ciudad de Viedma, nos vemos en la obligación de manifestarnos ante la situación que está atravesando la familia de Daniel Solano”, consideraron los ediles.

Se debe tener en cuenta que quien autorizó esta acción, el juez de Garantías de Choele Choel Roberto Gaviña, entiende que hay una posibilidad de que los restos del joven empleado rural se encuentren en el lugar.

Esta decisión, que significa un costo de  tres millones de pesos, puede ser el echo que esclarezca la situación que acarrea ya seis años de incertidumbre y tristeza para la familia.

Por este motivo, tanto la familia del joven desaparecido el 5 de noviembre de 2011 como sus abogados están solicitando que alguien se haga cargo, ya que resulta triste e indignarte que quienes tienen que brindar una solución se laven las manos y miren para otro lado. 

Secretaría de Comunicación
Partido Socialista de Río Negro